En América latina, uno de cada cinco jóvenes está fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo.

No tienen inserción social alguna.

LAS CAUSAS REALES DEL DELITO JOVEN

La mano dura ilusiona a la población con la idea de que políticas duras para los jóvenes
desfavorecidos, la posibilidad de encarcelar menores, el aumento fuerte de las penas, eliminarán la delictualidad joven.

No hay ninguna prueba estadística que demuestre esta correlación. Lo que se observa
en los hechos es que va a aumentar la población penal, sin bajar las tasas de delincuencia joven.

En cambio, hay una fuerte correlación entre la tasa de desocupación juvenil y la tasa de delitos. Aumentan las oportunidades laborales para jóvenes y disminuyen los delitos.

Hay asimismo una relación muy clara entre tasa de escolaridad y delito. A mayor escolaridad, menos delitos. En EE.UU. se estimó que un año más de escolaridad reduce los delitos violentos en un 30 por ciento. Una de cada 10 personas que no terminaron la secundaria está en la cárcel. Entre los que la terminaron, hay uno de cada 27.

Actualmente, el 50 por ciento de los jóvenes latinoamericanos no completa la secundaria. Si se los apoyara para finalizarla, se reduciría sensiblemente la delictualidad.

También hay una vinculación intensa entre articulación familiar y delito. Cuanto más se proteja a las familias, particularmente las pobres, que tienen más riesgo de desarticularse por las condiciones hostiles que fomentan la implosión familiar, hay menor probabilidad de delito. Dos terceras partes de los delincuentes jóvenes en Uruguay, según un estudio de Rubén Katzman, de la Cepal, vienen de familias con un solo cónyuge al frente.

En Estados Unidos, en un estudio sobre 60.000 delincuentes jóvenes, también dos terceras partes provenían de familias desarticuladas.

Fortalecer a las familias más humildes es decisivo para reducir la delincuencia juvenil, porque la familia entrega valores, educa y forma desde el afecto, lo que no puede hacer ninguna policía del mundo.

Con la mano dura no se están tratando las causas estructurales del delito. Se eluden. Por lo tanto, no puede sorprender que no tenga mayor incidencia en su eliminación
o control.

Un prominente analista del tema, Louis Vacquant (Las cárceles de la miseria, 2000), escribe:

“El encarcelamiento, además de afectar prioritariamente a las capas más desprovistas (desocupados, precarios, extranjeros) es en sí mismo una tremenda máquina de pauperización. Al respecto, es útil recordar sin descanso los efectos deletéreos de la detención, no solo sobre los reclusos sino también sobre sus familias y sus barrios”.

TOLERANCIA CERO

Se sigue vendiendo activamente como solución la “tolerancia cero”. Según esta doctrina, se debe castigar duramente aun las contravenciones más pequeñas para
que no se transformen en mayores.

Se inician, en nombre de ella, guerras contra las personas que viven en las calles, los mendigos, los consumidores de pequeñas cantidades de drogas.

Se argumenta falsamente que ella ha permitido reducir la delictualidad en algunas ciudades de EE.UU. No es real. Las ciudades más exitosas en bajarla son Boston y
San Diego, y aplican lo opuesto a “tolerancia cero”. Invierten en la prevención del delito. Movilizan combinadamente los municipios, la policía, las iglesias, las fuerzas
sociales organizadas, las comunidades de los barrios y la empresa privada para armar circuitos de inclusión.

Asimismo, los países más exitosos en seguridad ciudadana son los escandinavos. Tienen la menor proporción de policías por habitante del mundo y al mismo tiempo las más bajas tasas de criminalidad (en Noruega y Dinamarca de 0,8 homicidios cada 100.000
habitantes por año y en Suecia 24 o 25 veces menos que en América latina).

La receta ganadora de estos países pasa por la inclusión social.

Los países exitosos en seguridad ciudadana han sido los de “exclusión cero”, no los de “tolerancia cero”.

Su éxito está en que han logrado abrirles plenas oportunidades de inclusión a los jóvenes.

Tienen garantizada la salud, la educación, posibilidades de trabajo y hay una fuerte protección a la familia.

La Organización Panamericana de la Salud (1998) ha llamado la atención sobre diversas investigaciones al respecto. Pampel y Gartner (1995) crearon un indicador para medir el desarrollo de las instituciones nacionales responsables de la protección social. En países con crecimiento parecido de la población joven, la tasa de homicidios era mucho menor si esas instituciones eran más sólidas.

Messner y Rosenfeld (1997) analizaron la relación entre gastos más elevados en asistencia social y homicidios. El aumento de dichos gastos disminuía la tasa de homicidios.

También comprobaron que los países que protegían más a las poblaciones vulnerables a las fuerzas del mercado, a través de redes de seguridad económica, tenían menos homicidios. Briggs y Cutright (1994) encontraron en 21 países una correlación entre gastos de seguridad social y número de homicidios.

FUENTE: “Inseguridad ciudadana. Hora de mejorar la calidad del debate”, de Bernardo Kliksberg, Octubre de 2011.

Artículo disponible en forma completa en:

http://www.pagina12.com.ar/…/bernardo_kli…/004-KLIKSBERG.pdf

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